Se acuerda que la fecha del Acto central de la CME en Melilla sea el sábado 22 de abril
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL LOGRO DEL ODS4.
PIDO LA PALABRA POR LA EDUCACIÓN
LOS COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
En el Foro Mundial sobre Educación de Dakar (2000), la comunidad internacional se comprometió con la iniciativa Educación para Todos y Todas (EPT), definiendo seis metas educativas que deberían cumplirse en 2015. Asimismo, los Objetivos nº 2 y 3 de Desarrollo del Milenio (2000) se centraban en alcanzar la universalidad de la educación primaria para ese mismo año (ODM2) y la reducción de la desigualdad de género en el acceso a la educación (ODM3, meta 3A). En estos quince años se han producido importantes avances en la consecución de estas metas, aunque los logros alcanzados1 eran aún insuficientes para garantizar el cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todos y todas. Así pues, Gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil se embarcaron en la definición de una nueva agenda educativa con objetivos más amplios y ambiciosos adaptados al nuevo contexto global. Fruto de este amplio proceso de consulta, en 2015 nace la Agenda Educación 2030. Marco de Acción (38ª Conferencia General de la UNESCO, París), que incluye tanto la Declaración de Incheon como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.
Esta nueva agenda educativa se ha desarrollado en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS (2015), de los que es parte fundamental a través del ODS4. Los ODS constituyen un ambicioso plan de acción mundial formado por un conjunto de 17 objetivos y 169 metas de carácter integrado, indivisible y universal, que deberán alcanzarse en 2030. Asimismo, suponen la adopción de un enfoque holístico en la lucha contra la pobreza, ya que contemplan no sólo acabar con el hambre o asegurar los servicios básicos, sino que abordan además cuestiones medioambientales, sociales, empresariales y económicas. Como novedad con respecto a sus antecesores, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS se caracterizan por su carácter integral, lo cual quiere decir que, para que la agenda sea efectiva y logre su propósito de erradicar la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible, deben cumplirse sin excepción los 17 objetivos que la integran. Entre ellos destaca el ODS4, dedicado específicamente a la educación, y de cuyo éxito depende en gran medida la consecución del conjunto de la agenda: la educación es un motor fundamental para el desarrollo sostenible, ya que no existe una herramienta de transformación más poderosa para promover los derechos humanos, erradicar la pobreza y construir un futuro más equitativo, inclusivo y sostenible. Por ello, el ODS4 es especialmente relevante para la consecución de otros objetivos relativos a la salud, el crecimiento económico y el empleo, el consumo y la producción sostenibles o el cambio climático.
Otro de los rasgos diferenciales de los ODS es su universalidad, en virtud de la cual dichos objetivos deben aplicarse en todos los países, independientemente de su situación económica y de nivel de desarrollo. En este sentido, cabe destacar que, al igual que el resto de Estados, España se ha comprometido, a través del ODS 4, a implementar las políticas necesarias para garantizar una educación gratuita, inclusiva y de calidad para todos y todas también dentro de nuestras fronteras. Este compromiso resulta especialmente relevante en un contexto marcado por los recortes en la educación pública que se han producido en los últimos años, sensiblemente superiores a la media europea.2 Esta falta de inversión ha repercutido especialmente en los colectivos más vulnerables, los principales afectados tanto por los recortes en las becas de estudios3 como por el elevado índice de abandono escolar de nuestro país, el mayor de Europa.4 Así pues, España debe adoptar urgentemente las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por el ODS4 también dentro de nuestras fronteras, a fin de evitar que miles de niños y niñas queden excluidos del acceso a una educación de calidad, luchando contra el abandono escolar y haciendo realidad el lema de la agenda de los ODS: “No dejar a nadie atrás”.
Cabe destacar que la responsabilidad de cumplir con las metas establecidas en el marco de los ODS no debe residir en un único Ministerio, ya que el carácter integral de la Agenda exige que no se compartimenten los distintos objetivos y requiere que el proceso de implementación sea fruto de una estrecha colaboración interministerial. En este sentido, nos sumamos a la petición de la Coordinadora Española de ONG de desarrollo (CONGDE) para que el nuevo Gobierno ponga de manifiesto el carácter prioritario de los ODS – y especialmente del ODS4 – y lidere su proceso de implementación en nuestro país a través de una labor coordinada entre todos los Ministerios implicados, así como con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, dada la descentralización de competencias en muchos de los temas que los ODS abordan.
EDUCACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2017 es un año crítico de cara a garantizar el cumplimiento de la Agenda Educación 2030, ya que en los próximos doce meses los Gobiernos deberán definir los indicadores que van a servir para medir el cumplimiento de los ODS. En este sentido, ya se están manteniendo reuniones a nivel nacional y regional a fin de analizar cómo adaptar la agenda acordada al contexto de cada país, y 2017 será el primer año completo en el que los Gobiernos desarrollarán planes e informarán de sus avances en la consecución de los ODS. Hasta el momento, sólo una pequeña parte de los países firmantes de los ODS – entre los que destacan Francia, Alemania, Finlandia, Estonia, México o Colombia – ha presentado ya propuestas políticas y mecanismos para el seguimiento de dichos objetivos. Sin embargo, España no forma parte de ellos y, al margen de la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE) con sus homólogos internacionales en la elaboración de los indicadores de seguimiento, apenas se ha avanzado en la implementación de la agenda de los ODS.
Desde la Campaña Mundial por la Educación queremos destacar tanto la necesidad de que las distintas administraciones responsables de la adopción de las políticas y medidas necesarias para el cumplimiento del ODS 4 cumplan sus promesas y rindan cuentas ante la ciudadanía, como la importancia de que los ciudadanos y ciudadanas participen activamente en estos procesos. De hecho, la participación ciudadana es un elemento imprescindible de los ODS, que se han propuesto ser “una Agenda de las personas, por las personas y para las personas” 5 y en cuya elaboración tomó parte muy activa la sociedad civil internacional. Esta importancia se ve reflejada también en el ODS 16, en virtud del cual los Gobiernos firmantes se comprometen a “garantizar una toma de decisiones sensible, inclusiva, participativa y representativa a todos los niveles, así como garantizar el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales y promover e imponer leyes y políticas no discriminatorias para el desarrollo sostenible”6.
Educación y participación ciudadana están también estrechamente ligadas. Por un lado, tal y como señala la UNESCO en su informe Educación para todos 2016. La educación al servicio del planeta. Creación de futuros sostenibles para todos, “la participación activa de la ciudadanía en los procesos políticos permite que las políticas sean más representativas de la sociedad, facilita a una rendición de cuentas más efectiva por parte de los Gobiernos y contribuye a hacer valer los derechos constitucionalmente garantizados”.7 Por otro lado, la educación constituye un mecanismo fundamental para formar a una ciudadanía consciente de sus derechos y deberes y dotada de las herramientas necesarias para defenderlos y ejercerlos, entre los que se incluye el derecho a la participación política.
Por eso, desde la Campaña Mundial por la Educación queremos que este año el conjunto de la ciudadanía, y muy especialmente los niños y niñas y las comunidades educativas “Pidan la palabra por la educación” y se impliquen en el proceso de implementación del ODS 4, participando en el mismo y exigiendo a las administraciones responsables que rindan cuentas por el cumplimiento de dicho objetivo. Consideramos que el éxito de los ODS y de la Agenda de Educación 2030 estará determinado en gran medida por el establecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como por la creación de espacios y mecanismos para la inclusión y la participación en la toma de decisiones a nivel local, autonómico, nacional e internacional y la promoción de una participación activa de la ciudadanía a todos los niveles.
LA CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN
Somos una coalición internacional presente en más de 100 países, formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo que nos movilizamos para reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos internacionales firmados por los Gobiernos para garantizar el acceso a una educación gratuita, equitativa, de calidad para todas las personas del mundo.
Una vez al año, en el mes de abril, en todos los países del mundo donde está presente la Campaña, se organiza la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). Salimos a la calle y organizamos diferentes actividades orientadas a crear conciencia social sobre la importancia del derecho a la educación. Queremos llamar la atención de la comunidad educativa, de los medios de comunicación, de la sociedad en general y especialmente, de los representantes políticos sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una educación de calidad para todos y todas en el mundo. En el año 2016, la Campaña ha conseguido movilizar a 27 millones de personas en todo el mundo.
En España, son muchos los logros alcanzados gracias a la movilización desde la primera edición de la SAME en el año 2003. Hemos logrado hacer visible la importancia de la educación en el desarrollo integral de las personas y sus comunidades y mantener las políticas de cooperación en educación en la agenda política en tiempos de crisis. Entre los principales hitos alcanzados por la CME en nuestro país está la aprobación de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados orientada a lograr un mayor esfuerzo de la cooperación española destinada a educación (2006), o el compromiso público de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de destinar el 8 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a educación básica (2008). El pasado año, la Campaña se centró en poner de relieve el papel de la educación como herramienta de protección, y en el hecho de que, para cumplir con esta función, los Gobiernos deben dotar a este sector de una financiación suficiente, estable y sostenible. Bajo el lema “La educación nos protege, protejamos su financiación”, cerca de 40.000 personas de más de 30 ciudades españolas han participado en las distintas acciones destinadas a instar a los Gobiernos a que asignen a la educación un volumen de financiación que les permita cumplir con los compromisos internacionales que han adquirido.
RETOS Y PROPUESTAS
El principal objetivo de la Agenda Educación 2030 es garantizar el derecho a una educación de calidad, inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y todas. Que se alcance esta meta depende en gran medida de que la ciudadanía exija a sus representantes políticos que rindan cuentas del cumplimiento de sus compromisos – a través, entre otros, de la elaboración de planes claros que incluyan las medidas, políticas y recursos necesarios para la consecución de dichas metas y objetivos.
Sin embargo, en la actualidad existen varias tendencias a nivel local, nacional y global que dificultan los avances en esta línea. En primer lugar, la disputa sobre el significado de una educación de calidad, que debe entenderse en un sentido más amplio y humanístico, sin reducirse a una serie de resultados medibles en matemáticas, lectura y escritura; en segundo lugar, el desvío del compromiso para con una educación de calidad accesible a todo el mundo, especialmente a las personas más vulnerables, que significa la gratuidad en el acceso y la permanencia y en donde el debilitamiento de la educación pública y del papel de los Gobiernos es un obstáculo; en tercer lugar, los escasos avances a la hora de proporcionar financiación suficiente que permita garantizar el cumplimiento de la totalidad de la Agenda 2030.
Por último, queremos poner de relieve la reducción del espacio para la participación ciudadana activa que se está viviendo en muchos países – debilitando el derecho a ejercer dicha participación, así como la transparencia y la rendición de cuentas –, y destacar la responsabilidad fundamental de los Estados a la hora de liderar la implementación de los ODS y de la Agenda de Educación 2030 en sus países. Este liderazgo debe basarse en una estrategia inclusiva que favorezca la transparencia y garantice la creación de los mecanismos y espacios necesarios tanto para la rendición de cuentas como para la participación de la sociedad civil organizada y del conjunto de la ciudadanía.
En este contexto, la Campaña Mundial por la Educación se propone:
Reafirmar la importancia de que los países elaboren las políticas, planes y presupuestos necesarios para la aplicación de la Agenda Educación 2030, especialmente del ODS4 – incluyendo las metas para jóvenes y adultos, que están siendo ampliamente ignoradas, y la importancia de garantizar que nadie quede atrás (p. ej. niñas y niños que viven en condiciones de pobreza, con especial atención a las niñas, infancia con discapacidades, minorías, etc.). Estas hojas de ruta deben incluir mecanismos institucionales de implementación y seguimiento, así como indicadores medibles que permitan evaluar el proceso de aplicación.
Destacar ante la ciudadanía la importancia de que existan mecanismos claros para la rendición de cuentas y la transparencia, así como la necesidad de que se promueva la participación activa de la sociedad civil tanto en la formulación de las políticas como en el monitoreo de los avances en el proceso de consecución de los ODS. Debe haber espacio en todos los niveles políticos para la participación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de la juventud.
Llamar la atención sobre la importancia de preservar los espacios de participación de la sociedad civil en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030, tanto a nivel nacional – ya que en muchos países se han aprobado legislaciones restrictivas que reducen dicho espacio – como en el internacional.
Reafirmar la importancia capital del compromiso mundial para el logro de una educación genuinamente gratuita y de calidad – entendida la calidad en su sentido más amplio y humanístico – frente al concepto de “asequibilidad” y al avance de los llamados proveedores de bajo costo en los países en desarrollo, defendiendo también la educación pública y el papel central de los Estados a la hora de garantizar el derecho a la educación.
Exigir tanto a los donantes como a los países en desarrollo firmes compromisos en materia de financiación, que permitan garantizar el cumplimiento de la totalidad de la Agenda de Educación 2030 (vinculados a la reposición del fondo de la Alianza Mundial por la Educación, GPE por sus siglas en inglés).
En concreto, demandamos:
1.- Que el Gobierno priorice la elaboración de una hoja de ruta clara y creíble para la implementación de la Agenda Educación 2030, concretamente del ODS4, a lo largo del año 2017. En concreto, el Gobierno debe poner en marcha y liderar el proceso para definir las políticas, presupuestos y mecanismos institucionales de implementación y seguimiento del ODS 4, destacando la elaboración de un marco nacional de indicadores que permita medir los avances en la consecución de las metas definidas por dicho objetivo. Las administraciones locales y regionales también deben comprometerse con este objetivo, adoptando las políticas, acciones y medidas pertinentes en el ámbito de sus competencias.
2.- Que se garantice la transparencia de las administraciones en relación a los procesos establecidos para la consecución del ODS4, a través de la creación de los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas oportunos pertinentes – difundiendo de manera pública y abierta información sobre dichos procesos.
3.- Que se promueva una participación ciudadana activa en los procesos asociados al cumplimiento del ODS4, garantizando que existan espacios para la participación de las OSC y la ciudadanía – especialmente de las comunidades educativas – tanto en la elaboración de políticas como en el monitoreo de los avances para el cumplimiento del ODS. Por ejemplo, a través de la creación de grupos consultivos de ámbito nacional que permitan la participación de partes interesadas ajenas a la administración; el establecimiento de mecanismos de consulta y participación abiertos al conjunto de la ciudadanía, o la puesta en marcha de un organismo para el desarrollo sostenible que se rija por una estrategia de participación amplia e inclusiva.
4.- Que se reafirme la defensa de los conceptos de calidad, gratuidad y equidad educativa definidos en la Agenda 2030, así como el papel esencial que deben desempeñar los Gobiernos a la hora de garantizar el derecho a la educación.
5.- Que se fortalezca el carácter integral de los ODS, y en concreto del ODS 4, a través de la creación de un organismo interministerial que trabaje en coordinación con las comunidades autónomas responsables de liderar el proceso de implementación de los objetivos de la Agenda 2030.
6.- Que se garantice la provisión de los fondos necesarios para financiar la totalidad de la Agenda 2030, tanto a nivel internacional – haciendo que la AOD española, y concretamente de la AOD destinada a educación, vuelva a la senda previa a la crisis, y contribuyendo a la reposición de fondos como el de la Alianza Mundial por la Educación (GPE) – como nacional – a través del incremento del gasto público en educación, hasta situarlo al nivel de la media de la OCDE. La confianza de la ciudadanía en sus representantes depende en gran medida de que los compromisos políticos estén respaldados por la financiación necesaria para cumplirlos
