España ha realizado “escasos avances” en relación a la educación inclusiva. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pide al Estado “una política clara” y planes de acción para su promoción.
Esta es parte de la radiografía que hace el informe de abril de 2019 que publicó el Comité sobre la situación en España. En una serie de artículos, Plena inclusión pretende difundir poco a poco las preocupaciones y las recomendaciones.
En su informe sobre la situación en España, el Comité destaca la importancia de todas las aportaciones, pero especialmente las relacionadas con el artículo 17, que habla de las esterilizaciones forzadas, y el artículo 24 sobre la educación inclusiva por considerarlas como urgentes.
En una noticia anterior, hablamos del artículo 17. Seguimos con el 24.
Lo que preocupa al Comité
El artículo 24 de la Convención trata sobre la educación. El informe advierte que España mantiene disposiciones normativas en materia de educación especial, al igual que un enfoque médico que se basa en la deficiencia.
También muestra su “inquietud” por el número de niñas y niños con discapacidad intelectual o psicosocial –incluyendo el autismo- o con pluridiscapacidad que siguen recibiendo educación especial y segregada.
Lo que recomienda el Comité
El Comité recomienda a España, como ya hizo en otras ocasiones, que “acelere la reforma legislativa en línea con la Convención”. Esta reforma deberá “definir claramente la inclusión” e incluir en ella objetivos específicos en cada etapa del ciclo educativo.
También encomienda a España realizar medidas para concebir “la educación inclusiva como derecho” y garantice a estudiantes con discapacidad –sin depender de sus características personales- “acceder a las oportunidades inclusivas de aprendizaje en el sistema educativo ordinario”, siempre con los apoyos necesarios.
Siendo más específico, el Comité apuesta por una “cultura de inclusión en la educación ordinaria”, evaluaciones personalizadas basadas en los derechos humanos, apoyos para personal docente, respeto a la diversidad y participación plena y efectiva.
La importancia del informe
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un grupo de personas expertas de la Organización de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento en cada país de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
España ratificó en 2008 esta Convención y, al tratarse de un tratado internacional, está obligada a cumplirla y considerarla en su legislación como de mayor rango que las leyes estatales y autonómicas.
El papel de Plena inclusión
Desde hace años, pero de manera destacada en 2019, Plena inclusión ha promovido un debate sobre la necesidad de avanzar hacia un modelo más inclusivo en los centros de enseñanza. En este sentido, ha reclamado una estrategia nacional que garantice la extensión de una educación inclusiva de calidad. También ha publicado un comunicado, un mensaje a familias y una edición monográfica de la revista Voces. Recientemente, su Comité de Ética emitió un informe al respecto.
Por otro lado, se suma y difunde la campaña Actúa ya por la inclusión de Inclusion International, la entidad que representa a las personas con discapacidad internacional y sus familias a nivel internacional, y de la que Plena inclusión es miembro.
