El Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de la Proposición de Ley surgida de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el CERMI contra los actuales criterios de copago en materia de autonomía personal y atención a la dependencia, que llegan a tener un carácter “confiscatorio”. Plena inclusión quiere manifestar su agradecimiento a sus entidades miembro, que a lo largo de 2015 lograron reunir más de 100.000 firmas, que fueron entregadas a CERMI en octubre de aquel año.
La iniciativa fue respaldada ayer en el Congreso de los Diputados con 326 votos a favor, ninguna abstención y cinco votos en contra. El Cermi promovió la recogida de firmas para llevar al Parlamento esta ILP entendiendo que el actual modelo de copago expulsa a muchas personas beneficiarias del sistema de dependencia al no poder afrontar los gastos; permite grandes diferencias entre comunidades autónomas, existiendo territorios en los que el coste es cero y otros en los que llega al 90% de la cuantía total del servicio, y perjudica a las personas dependientes.
La campaña #NoalcopagoConfiscatorio, realizada por CERMI y sus organizaciones miembros –entre ellas Plena inclusión–, no tiene precedentes en el ámbito social. En la misma se consiguieron recoger más de 738.000 firmas de apoyo entre la ciudadanía española, superando con creces el requisito mínimo de 500.000 establecido en la Constitución española para que prosperen las Iniciativas Legislativas Populares.
Esta ILP plantea establecer un copago máximo del 60% para la persona beneficiaria, dejando libertad a las regiones que deseen establecer porcentajes inferiores y eximir de cualquier gasto a quienes posean una renta inferior a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
El Presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, señaló en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso que “es necesario tener en cuenta la variable de si la situación de dependencia ha sido adquirida o es de nacimiento, puesto que en este segundo caso la persona en situación de dependencia no ha podido tener ingresos propios y afrontará los gastos durante muchos más años”.
El único grupo parlamentario que se mostró en contra fue el PNV, cuyo diputado Iñigo Bandiarán señaló que la iniciativa "vulnera el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas".
Plena inclusión aplaude la decisión del Congreso y manifiesta su satisfacción ante la capacidad de reacción del Movimiento Asociativo cuando hay que defender y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad.
