Artículo de Alana Cavalcante del Área Jurídica de Plena inclusión España, que se publicará en la edición de verano de VOCES.
Los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo están garantizados en distintas normativas nacionales e internacionales, entre ellas la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, el primer tratado internacional de derechos humanos dedicado específicamente a las personas con discapacidad.
Pese a que España lo ratificó en 2008 y está obligada a cumplirlo, se siguen vulnerando los derechos defendidos por este tratado constantemente, lo que coloca a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en una situación de desigualdad e indefensión. En cualquier caso, siguen faltando datos sobre el asunto e informes que arrojen luz sobre la vulneración de derechos de nuestro colectivo en España.
Para dar respuesta a estas necesidades y promover la comunicación directa entre las víctimas de posibles vulneraciones de derechos, desde sus familias o personas cercanas y Plena inclusión lanzamos un formulario de denuncias en nuestra web. Su objetivo es el de recibir denuncias acerca de situaciones de discriminación, denegaciones de derechos y garantías, violencia, entre otros delitos. El formulario está disponible en lectura fácil en la web de Plena inclusión y puede ser cumplimentado por la propia victima o cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.
A través de la información recopilada en el formulario y otras fuentes, como estudios y reportajes, el Área Jurídica de Plena inclusión elabora anualmente un informe sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en España. Estos análisis nos permiten identificar cuáles son los derechos más vulnerados, reivindicar un mayor cumplimiento de la Convención y diseñar programas para promover la garantía de derechos.
Además, si identificamos que la vulneración de derechos sucede de manera sistemática a muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y que una acción de incidencia política sobre el tema puede beneficiar a todo el colectivo, nos ponemos en contacto con la persona que cumplimenta el formulario para obtener más información y valoramos la posibilidad de presentar una demanda judicial para un litigio estratégico.
Dicho de otro modo: gracias a la identificación ese tipo de situaciones podemos recurrir ante el Poder Judicial o ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para que la solución del caso pueda beneficiar no solo a la víctima, sino a todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la misma situación.
Por todo ello, os animamos a utilizar el formulario, trasladar las denuncias que consideréis pertinentes y hacer de este canal de denuncias un vehículo para la reivindicación de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
